Tras años de trabajo y tres meses de exposición pública y estudio de alegaciones, todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento aprobaron el jueves de manera definitiva la Ordenanza Municipal sobre instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación en Basauri, una de las más restrictivas de Euskadi.
En total, existen en la actualidad 32 antenas o receptores de telefonía repartidas las calles de la localidad, aunque algunas otras pueden estar ‘escondidas’ en pabellones y otro tipo de edificios. La normativa obligará a las compañí
as telefónicas a bajar su volumen de emisión a partir del próximo mes e impedirá que se coloquen nuevas antenas en el municipio, tal y como se recogía en la aprobación inicial del documento (ver noticia).
Vodafone,Telefónica Móviles y Ekeuko-Covace -Coordinadora Vasca de personas afectadas por Campos Electromagnéticos- habían presentado medio centenar de alegaciones, pero sólo se admitió una de Vodafone, “de carácter técnico y que presentaba algún tipo de error formal en materia de legislación”, según explicó la alcaldesa, Loly de Juan.
No obstante, los mandatarios locales saben que aún quedará otro escollo en este proceso, puesto que las compañías de telefonía podrán llevar ahora ante los tribunales la normativas, buscando cualquier vacío legal para que el juez les dé la razón. “No tenemos miedo porque sabemos que es una normativa trabajada y que, a pesar de sus expertos asesores, tendrán difícil encontrar esos vacíos. Si nos llevan a juicio, defenderemos lo aprobado entre todos», aseguró De Juan.
Representantes de Covace, que acudieron el jueves al Pleno, se mostraron “satisfechos” con esta nueva normativa, así como “agradecidos” a los partidos políticos “y principalmente a los ediles Begoña de Juan y Pablo Sainz, que han sido las figuras clave para hacer posible la elaboración de esta ordenanza garantista para Basauri”, indicaron.
Peticiones de Covace
No obstante, la organización de afectados (que trabaja habitualmente en Basauri junto al grupo ecologista Sagarrak), señalaba que “no se ha logrado la normativa ideal”. “
Nosotros hubiéramos ido más lejos, pero la conciencia ciudadana y política sobre el tema tiene que afianzarse más para que se asuma la verdadera magnitud e importancia del problema de la contaminación electromagnética. Por ello, seguiremos trabajando para informar a la población de los riesgos de estas tecnologías y que se establezca un debate social sobre sus usos”, explicaron.
Mientras tanto, Ekeuko-Covace entregó el jueves un documento en el que recogían algunas “medidas complementarias y de profundización” a esta ordenanza. Entre ellas, solicitaban que se extendiese el límite máximo de emisión establecido para ‘zonas sensibles’ a todas las viviendas, “donde residen la mayor parte del tiempo los mismos colectivos vulnerables –niños, embarazadas, ancianos o enfermos crónicos–“; así como que se establezca un “sistema y protocolo de mediciones de los niveles de contaminación” para velar por el cumplimiento de las medidas aprobadas –EB/Aralar ya presentó una petición similar cuando se elaboraba la ordenanza (ver noticia)–.
